Sábado, 20 de  Abril de 2019 / 22:17:26

Violencia contra la mujer

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La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer; conocida como “Convención de Belem Do Para”. Entiende por violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.Esta convención se fundamenta en que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

Si bien parece un concepto novedoso debido a los lamentables y repetidos hechos de violencia contra las mujeres de nuestro país, en el año 1996 conla Ley 24.632Argentinaratificó esta convención realizada en el año 1994,época en la que a muy pocas personas se les ocurría tratar esta temática tan sensible y oculta en las convivencias domésticas.La violencia de géneroque hoy afecta a la sociedad, preocupa de manera directa a la concepción de respeto entre iguales, ya que, siguiendo las palabras de la Convención: “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

En Argentina, se produjeron 275 femicidios entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016. El dato surge de un estudio realizado por la asociación civil La Casa del Encuentro, con el apoyo de Fundación Avon, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y Naciones Unidas.

La violencia contra la mujer abarca todos los sectores de la sociedad más allá de la clase social,educación, edad o religión. Es por esto que distintas organizaciones internacionalescoincidieron en que la eliminación de la violencia contra la mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.Estructurando de esta manera mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

El último estudio realizado por La Organización Mundial de la Salud, sobre el tema de género indicó que un tercio de las mujeres del mundo padecen algún tipo de violencia. Lo que quiere decir que “la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas”.El aumento de casos de violencia de género parece no tener fin, perturbando la vida de las personas, impactando negativamente en la salud física y psíquica de quienes la padecen.Gracias a la tarea de sensibilización efectuada por organismos gubernamentales y no gubernamentales, medios de comunicación y demás instituciones comprometidas con la problemática, se logró generar una significativatoma de conciencia sobre las personas víctimas de violencia de género y la importancia que la temática reviste, tanto para quienes la padecen como para aquellos miembro de la familia o entorno que son testigos silenciosos de una problemática que los afecta de manera directa.

Argentina luego de ser foco de esta dramática situación sancionó en marzo de 2009 la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, Ley 26.485. Creada con el objeto de promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

Esta ley define a la Violencia contra las Mujeres comotoda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Incorpora el concepto de violencia indirecta definiéndolo como toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Es un aspecto novedoso de esta ley el uso y definición de los distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y por último la simbólica.

La Ley 26.485 establece las distintas modalidades en el ejercicio de la violencia distinguiendo entre violencia doméstica, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y violencia mediática.

Encuadrando de esta manera los diferentes ámbitos y formas del ejercicio del delito del cual son víctimas las mujeres.

Para tener un control eficaz en la regulación de esta ley, es necesaria la ayuda y coordinación de los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional, provincial como local. Estos son los responsables de la implementación y control de la ley. De este modo es evidente, que la simple existencia no hace a la correcta regulación de la misma, son las autoridades provinciales los encargados de su ejecución y de la adecuada implementación de políticas públicas al efecto. El organismo competente creado como órgano rector de esta materia es el Consejo Nacional de la Mujer, no solo tiene una función de control sino que también es el encargado del diseño de las políticas públicas aplicadas en el territorio nacional.

Si bien, resulta engorroso el procedimiento establecido por esta ley, dada la sensibilidad y complejidad de la temática. Se establece la protección de los derechos y garantías en los procedimientos judiciales y administrativos para que las víctimasde violencia con la mujer puedan realizarlo de la manera más simple posible sin exponerse e intentando evitar la revictimización en los procesos, de este modo, se impide que la mujer afectada se encuentre repitiendo una y otra vez el hecho creando un nuevo episodio de violencia de manera psicológica, al recordarlo continuamente y volviendo a experimentar las mismas sensaciones. El procedimiento es gratuito y sumarísimo.La victima cuenta con el patrocinio jurídico preferentemente especializado, es oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente, su opinión es tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecta, se respeta la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, la mujer víctima de violencia es parte en el procedimiento, recibiendo toda la información pertinente sobre el estado de la causa, puede oponerse a larealización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial.

En cuanto a la denuncia, las personas que se desempeñan en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado,están obligados a tomar las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez o jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guarda reserva de identidad de la persona denunciante.Aún en caso de incompetencia, el juez interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinentes. En el caso de que la denuncia sea realizada en un destacamento policial, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro horas. La denuncia puede ser efectuada por la víctima, su representante legal, cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla. En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia, cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

Es claro que la importancia de la Violencia de Género, ya es parte de nuestra agenda social, ya sea por la difusión realizada por los medios de comunicación, las leyes nacionales y provinciales, existen provincias en las cuales no solo se acata la ley nacional, sino que se implementó su propio marco normativo. También fueron creados a nivel local oficinas especializadas para la realización de las denuncias y equipos técnicos especializados a disposición de las víctimas. De esta manera, y contando con el importante apoyo de la sociedad es como las autoridades gubernamentales, deben erradicar esta problemática, que no solo culmina con la correcta aplicación de las leyes, o declaraciones de emergencia en la materia. Sino con una política fuerte de educación, terminando con la discriminación desde los hogares, ya que la educación es la base de nuestra sociedad. Es necesario encontrar la manera detrabajar en forma efectiva, cada uno desde su lugar, para que esto deje de ser una realidad angustiante. Cada uno desde su rol y de su función. #NiUnaMenos.


Consejo Nacional de la Mujer: http://www.cnm.gov.ar/

Modificado por última vez enViernes, 03 Junio 2016 15:22