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Domingo, 25 de  Febrero de 2018 / 15:10:54

Supercontratos de consultorías Destacado

Por Osvaldo Nemirovsci
Diputado nacional MC
Río Negro

Entre 2016 y 2017 varios ministerios nacionales contrataron servicios de consultoría privada, por valor de casi 180 millones de pesos.

Las Universidades Argentinas (excluidas de estas contrataciones) son motor del conocimiento nacional y están facultadas para brindar servicios de consultoría.

Energía, Modernización, Turismo, Interior, Producción son los organismos que, según la Asociación Civil “Bajo la Lupa”, contrataron en 24 ocasiones dichas asistencias. Entre los beneficiados están las firmas Price Waterhouse, Matrice Consulting y AW Grupo de Negocios.

Más allá de esta clara sustitución de tareas que puede llevar adelante el Estado Nacional y de la sugestiva reiteración de las empresas contratadas, se observa también el escaso apego de los pliegos a la regulación existente para este tipo de hechos. Hay varias leyes que reglan al respecto, una de ellas la 22460 que en su art.12 obliga al concurso público y también expresa obligaciones que no parecen cumplirse en estas firmas, como que “no deben tener relación de dependencia alguna con el Estado que la contrata”.

Hay algo más profundo en esto y es que se desconoce una reglamentación del 2004 que se materializa en un decreto y se completa con un convenio firmado entre varios ministerios y el Consejo Interuniversitario Nacional donde se incorpora al Sistema Universitario como consultor privilegiado para el Estado. Entre otras ventajas que despertaba esta decisión se dijo que “Con la designación de las universidades como consultoras privilegiadas, el propósito oficial es habilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las casas de estudios”.

El entonces Presidente Kirchner al momento de impulsar esta normativa tuvo duras palabras para con los gastos originados en asesorías externas que a veces cuadruplicaban los costos que ofrecía una universidad.

Otro antecedente es la creación en 2009 del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), en donde estaban la UBA y las Universidades de Tres de Febrero, Rosario, Tucumán y Mar del Plata. Este espacio, si bien dedicado más a temas económicos y sociales, fungía como virtual servicio de consultoría.

O sea. El gobierno nacional destina 180 millones de pesos a servicios de asesoramiento que muy bien pueden prestar las universidades argentinas.

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